29 sep

Derechos de la niñez violentados por la corrupción estatal. ¿Qué celebrar?

22139794_10212553449224608_1658928825_oUn año más llegamos al tan esperado Día del Niño. Un año más nos vemos en la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones que, en nuestro país, conlleva esta festividad, en el entendido de que lo que se celebra es la promoción de los derechos de los niños, destinados a fomentar todo lo que está vinculado con su bienestar social.

Vinculados a ese bienestar se pueden mencionar los más elementales derechos que, en lo que concierne a niñez, deben ser promovidos por las instituciones del Estado: Salud, Educación, Protección, y otros, como el derecho a una vivienda digna, el derecho a la nacionalidad, a la recreación, a la participación protagónica, etc.

La pregunta es: ¿cómo estamos haciendo valer estos derechos, cuando desde las esferas gubernamentales lo único que preocupa es el enriquecimiento personal, es satisfacer las demandas y requerimientos de quienes financiaron campañas electorales, es pagar favores? Desde esta perspectiva, quienes menos cuentan son las poblaciones más desfavorecidas, mayoritariamente la niñez y la adolescencia, pero sobre todo la que vive en el área rural, en los barrancos, en las calles “trabajando”, en los asentamientos, en el campo apoyando a sus padres, y tampoco las niñas-madres que ni siquiera llegan a tener una niñez.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, en su reciente estudio La corrupción, sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, recurrió a los numerosos casos presentados ante los tribunales por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-, en donde se denuncia que la corrupción se ha instalado y “normalizado” en casi todos los espacios administrativos del Estado, quienes tienen en la empresa privada y en las estructuras criminales asociadas a la corrupción, sus más grandes aliados.

Ante lo todavía incuantificable de las sumas involucradas en las negociaciones, se menciona únicamente cómo ese costo financiero de la corrupción, según una herramienta técnica utilizada por el ICEFI, que aplica “el supuesto técnico de que la pérdida fiscal por corrupción en los rubros considerados vulnerables o expuestos a la corrupción en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 fue del 20%”, ha afectado los presupuestos de los ministerios que afectan los derechos a la salud, a la educación y a la protección:

 En materia de salud: Más de 400,000 niños y niñas de 1 a 5 años no reciben los refuerzos de vacunación; 1.2 millones de niños y niñas menores de 5 años carece de atención médica por causa de infecciones respiratorias agudas; cerca de 20,000 niños y niñas menores de cinco años no reciben el diagnóstico y tratamiento por desnutrición aguda; 1.2 millones de niñas y niños menores de cinco años no reciben suplementos de micronutrientes; se dejó de brindar alimentación complementaria de Vitacereal340 a más de 700,000 niños y niñas mayores de 6 meses pero menores de 24; más de 700,000 niños y niñas mayores de dos años pero menores de cinco no cuentan con tratamientos para desparasitación; se dejó de vacunar a más de un millón de niños y niñas de 0 a 1 año, de acuerdo con su edad y según el esquema de vacunación vigente.

En materia educativa: 2.6 millones de niños y niñas de los niveles preprimario y primario no reciben alimentación ni útiles escolares; 22,000 estudiantes de nivel diversificado con formación para maestros dejan de ser atendidos por el sistema educativo y cerca de un millón de estudiantes del nivel preprimario no reciben la dotación de cuadernos de trabajo para el año escolar; más de 100,000 estudiantes del ciclo básico vía telesecundaria dejan de ser atendidos por el sistema escolar.

 En materia de protección social: se dejó de entregar más de 5,000 becas de educación media destinadas a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social; no se realizaron talleres y eventos de educación no formal dirigidos a 50,000 adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social; cerca de un millón de bolsas de alimentos ya no se distribuyeron entre familias que viven en pobreza y pobreza extrema; se eliminaron 1.7 millones de aportes por concepto de bono de educación a familias con niños, niñas y adolescentes de 6 a 15 años; y se dejó de brindar atención integral en hogares comunitarios a 17,000 niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema.

 ¿Podemos entonces unirnos a la celebración del Día del Niño con la conciencia tranquila, mientras la corrupción continúa llenando los bolsillos de gente inescrupulosa y desalmada que no es capaz de contener su ambición, que no es capaz de concebir que esos recursos con los que se quedan, le hacen falta a la niñez de su país para llenar sus más ingentes necesidades?

Nuestro compromiso en PAMI, como corresponsables, es velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país; velar porque las instituciones del Estado y quienes han sido elegidos para dirigirlas, cumplan con su mandato, tal y como lo establece la Constitución de la República en su preámbulo, en donde se reconoce como su más grande deber garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, hemos de suponer de todos nosotros, sin distinción de ninguna clase.