A 28 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño

Hoy hace exactamente 28 años, el 15 de mayo de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN- fue ratificada por el Estado de Guatemala presidido por Marco Vinicio Cerezo Arévalo, por medio del decreto de ratificación del Congreso de la República No. 27-90.  En consecuencia y a partir de entonces, la CDN es parte de la legislación nacional, y a partir de la cual el Estado se comprometió a asumir una serie de responsabilidades, entre otras:

• Dar a conocer los principios y disposiciones de la Convención a través de medios apropiados y eficaces a adultos y a la niñez de Guatemala.
• Enviar al Comité de Derechos del Niño en Ginebra informes sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez: el primero a los dos años de su ratificación, y posteriormente, cada 5 años.
• Ajustar su marco jurídico para que sea coherente con las disposiciones de la Convención y su doctrina de la protección integral.

Algunos de tales compromisos se fueron cumpliendo con el transcurrir de los años y los subsiguientes gobiernos; ejemplo de ello, la creación, formulación y ratificación de todo un marco jurídico e institucional de protección a la niñez guatemalteca. Entre otros, la Ley de Atención a Personas con Discapacidad (1996), Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2003); el Convenio 182 sobre las peores formas de Trabajo Infantil de la OIT (2006); el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la cooperación en Materia de Adopción Internacional, o de La Haya (2007); Ley de Adopciones (2007); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (2008); la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2009); y la Ley del Sistema de Alerta Alba Keneth (2010).

Sin embargo, como dice el refrán popular, “del dicho al hecho hay un gran trecho”; es decir que lo prometido no se corresponde con las acciones o camino que los gobiernos deberían de seguir o cumplir para alcanzar lo ofrecido y prometido con tanta ley nacional y en tantos pactos, tratados, convenios que firman y ratifican.  En la actualidad aún existe una enorme cantidad de vacíos legales e institucionales que, infortunadamente, tienen sumida a la niñez y adolescencia de nuestro país en uno de los más profundos abismos que la historia ha registrado desde el principio de los tiempos de la mal llamada nueva era democrática de Guatemala.

Baste citar los siguientes ejemplos:

“Ocho de cada 10 niños y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, de los cuales el 84.9 % viven en pobreza y 45.5 % en pobreza extrema. La desnutrición crónica es otro de los enemigos para este sector de la población, evidenciando niveles superiores que los niños no indígenas, 61.2 % a diferencia del 34.5 %.

“En niveles educativos, se evidencia que la tasa de educación es inferior en los departamentos con población indígena, con mayor dificultad para las mujeres.

En la inversión del Estado también se refleja una diferencia. Por cada quetzal que se invierte en una persona ladina o mestiza, solo destina 45 centavos para una persona indígena.

“Sabemos quiénes son, cuántos son y dónde están. Son 2.8 millones de niñas, niños y adolescentes, indígenas guatemaltecos, a los cuales se les están negando sus derechos y están sufriendo sus peores carencias, porque son indígenas, pobres y del área rural, siendo invisibles para la sociedad”, dijo Carlos Carrera, representante de Unicef. (Extracto de noticia de periódico local publicada el 5 de diciembre del 2017)

“En Guatemala, uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años padecen desnutrición crónica, y el presidente decreta estado de Calamidad por el mal estado de las carreteras. En un solo año (2015) quedaron embarazadas 83 mil 483 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años (OSAR), la mayoría de ellas producto de una violación. En el 2016 hubo siete mil 338 denuncias por violencia sexual en personas menores de edad, y 14 mil 698 por maltrato físico (MP); en ese mismo periodo hubo 809 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes, el 90 por ciento de ellas por armas de fuego.” (Prensa Libre. 27 de Julio de 2017. Carolina Escobar Sarti: La calamidad como estado)

“En total son un millón 272 mil niños los que están condenados a no alcanzar su potencial físico e intelectual. Los niños desnutridos agudos suman 19 mil 160 que representan el 0.7% de menores de 5 años.” (Extracto de noticia del periódico Prensa Libre, del 12 de Febrero de 2018)

“Un total de 41 niñas fallecieron y 15 resultaron heridas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala, situado en la capital del país, el 8 de marzo de 2017. Un año después los representantes de las jóvenes todavía lloran la indolencia de las autoridades que no “quisieron” evitar la tragedia.” (Telesur. 8 de marzo de 2018)

Es indudable que la intención de los dirigentes mundiales al elaborar la CDN fue incorporar toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales a la niñez y adolescencia del mundo. Es incuestionable también, que el espíritu de la CDN es garantizar a todas las personas que no hayan cumplido la mayoría de edad, su protección integral, su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan sanos, poderosos, optimistas, confiando en la sociedad y el país que les vio nacer.  ¿Tendremos acaso que esperar otros 28 años para seguir tomando impulso y eliminar los obstáculos que nos impiden cruzar ese trecho?