Solo el pensamiento crítico conduce al desarrollo de una nación
Ibiza Melián
Para hablar sobre la gratuidad de la educación pública en Guatemala, se hace necesario comenzar citando dos de las principales leyes que rigen esta condición.
En primera instancia, se cita la ley más importante del país, la Constitución Política de la República de Guatemala. En su Artículo 74, hace referencia a la Educación obligatoria, expresándola en los siguientes términos: “Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley.”, haciendo énfasis en que “La educación impartida por el Estado es gratuita.”
La otra ley o tratado internacional, es la Convención sobre los Derechos del Niño, un conjunto de normas para la protección de la infancia y los derechos del niño a la que el Estado de Guatemala se adhirió en 1989 y ratificó en enero de 1990, comprometiéndose a cumplir una serie de compromisos, tales como el expresada en el Artículo 28, inciso 1[1] en la cual también se establece la responsabilidad de la educación gratuita para la niñez y adolescencia.
Conviene ahora aclarar que el concepto “gratuito/a” implica que lo que una persona hace, obtiene o recibe debe ser sin cargo, sin cobrar o pagar por ello, que no tiene costo alguno, que es gratis, que no se paga o se cobra por algún producto o servicio. Y eso es exactamente lo que implica para el Estado la obligación de prestar un servicio gratuito, tal y como lo mandata la ley con la educación. Llama, entonces, la atención, leer en redes sociales una serie de denuncias por cobros en las escuelas, como por ejemplo de uniformes, de cuotas para la o el maestro de computación u otros cobros ilegales que infortunadamente, en los comentarios, son justificados por los propios padres de familia aduciendo que los chapines todo lo queremos “gratis”.
Es necesario aquí explicar que todos los servicios que deben ser cubiertos por el Estado y que en las leyes están designados como “gratuitos”, han sido y son pagados por nuestros impuestos, y el gobierno únicamente los administra y distribuye a través de un Presupuesto General de Gastos; tal y como lo confirma el Ejercicio Fiscal 2020 del mismo, en los siguientes términos: “Artículo 28. Gratuidad de servicios públicos esenciales. Los Organismos del Estado garantizan los servicios públicos esenciales de educación y salud pública y asistencia social, por lo cual se prestarán íntegramente en forma gratuita por parte del Organismo Ejecutivo, Entidades Descentralizadas y Autónomas, y cuando correspondiere, a las Municipalidades de la República.”
Independientemente de que el Ministerio de Educación –MINEDUC-, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor –DIACO- o la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- actúen o no en consecuencia sancionando a quienes hacen estos cobros, resulta que todos los años las denuncias son recurrentes, lo que hace suponer que los sistemas de control son ineficaces. El cobro de una serie de servicios educativos limita el acceso a una gran cantidad de estudiantes al sistema escolar, impidiendo así el cumplimiento de la gratuidad establecida por ley.
Sin embargo, comentarios como los citados antes, hacen pensar que esta defensa de la incompetencia institucional de proveer los servicios acorde a la Ley, no es más que el resultado de un sistema educativo incapaz de contribuir en la formación de un pensamiento crítico en los educandos, de forma tal que desde la niñez sean capaces de ejercitar sus derechos políticos y de participar en la construcción de un proyecto de nación; pensamiento que les ayude a comprender el desarrollo político, económico y social que nuestro país requiere, que les impulse a convertirse en ciudadanos capaces de cuestionar las decisiones que les afectan individualmente y como sociedad, y no adoptar una actitud pasiva y conformista que, de una u otra forma, termine justificando y aprobando los malos manejos de los dineros por parte del Estado, en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría de ciudadanos.
Dentro de este contexto, y en concordancia con las contradicciones que caracterizan al sistema educativo nacional que algunas veces agobia al estudiante con exceso de cursos y en otras se les quitan de un plumazo y sin mediar explicaciones, como en años pasados sucedió con la supresión del curso de educación musical, este año la decisión fue eliminar del Currículum Nacional Base la materia de Estudios Sociales correspondiente a los primeros años de formación de la niñez (1º. a 4º. Primaria), precisamente cuando en niños y niñas empiezan a ocurrir una serie de cambios emocionales y sociales valiosos para su comprensión del planeta en el que habitan, cuando comienzan a pensar en el futuro.
Si entendemos que el propósito didáctico de las Ciencias Sociales es, precisamente, educar el pensamiento crítico y el razonamiento, así como la capacidad de tomar decisiones, para que las y los alumnos realicen sus análisis y establezcan, con su propio criterio, lo que es cierto o falso, es un hecho que esta decisión tan unilateral, no beneficiará su desarrollo cognoscitivo ni emocional y limitará sus capacidades para que en un futuro puedan desenvolverse con seguridad, convicción e integridad, en una sociedad tan convulsa como la que les está tocando vivir.
Esta decisión puede interpretarse también como una respuesta a las grandes estrategias de un sistema neoliberal globalizado, una de cuyas políticas es la reducción del gasto educativo en el contexto de una reducción global de todos los servicios sociales por parte de los gobiernos y, “En educación, esta reducción del financiamiento público lleva a políticas gerencialistas, cuyo objetivo es ofrecer servicio educativo al menor costo posible: reducción de gasto para infraestructuras, en profesorado, limitación de recursos educativos, aumento de alumnos por aula (como recomienda, según Carnoy, 1999, el Banco Mundial), congelación o reducción de los salarios de profesores, reducción de becas, eliminación de comedores escolares, etc.”[2]
En conclusión, si queremos que el destino de nuestra nación sea menos incierto, es imprescindible poner más atención en las decisiones que se toman en torno al sistema educativo. Se anuncian aumentos de personal para el ejército cuando las escuelas públicas cobran a sus educandos cuotas para pagar maestros; se eliminan las materias que proponen formar ciudadanos críticos y responsables, capaces de afrontar los retos del presente y futuro… y no nos aterramos. Sólo proveyendo las herramientas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico desde los primeros años de vida escolar se podrán vislumbrar cambios para nuestra nación y será entonces que estas nuevas generaciones podrán conducirle hacia un mejor desarrollo.
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[1]“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;”
[2]https://revistas.um.es/educatio/article/view/134/118
Referencias:
https://www.researchgate.net/publication/326434595_Desarrollo_del_pensamiento_critico_desde_el_area_de_Ciencias_Sociales_en_la_educacion_basica_secundaria
https://www.elesapiens.com/blog/pensamiento-critico-educando-ciudadanos-comptentes/
https://revistas.um.es/educatio/article/view/134
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6395333
