En Guatemala las personas se preguntan  ¿por qué trabajan las niñas y los niños? Generalmente, culpabilizan a padres y madres de que envíen a sus hijos/as a ganarse la vida… Sin embargo, en este país, la niñez se ve en la disyuntiva de trabajar o morir; y no porque sus padres les obliguen, es porque en una sociedad tan empobrecida como esta, no hay forma de sacar adelante a la mayoría de familias que la componen, sin el apoyo de todos sus miembros, sin importar la cantidad de personas que la integren.

Recorrer las calles y avenidas de la gran ciudad y los caminos del país, es como transitar por el laberinto apocalíptico de la niñez trabajadora.  En casi cada manzana de cada colonia, hay tiendas con dueños fantasmas, en donde aparecen por las ventanas las niñas tortilleras; en casi cada esquina de  la ciudad, hay niños y niñas vendiendo, ofreciendo casi cualquier producto, sobre todo si están de moda, como actualmente las mascarillas; y en el campo, niños y niñas abren surcos, depositan semillas y levantan los frutos, sin obtener por ello ningún beneficio.

Las preguntas entonces son; ¿quién por ellos?, ¿quién debería ponerle un alto a esta situación? Las respuestas, de tan simple, parecen simplonas. La Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes, que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,en su Artículo 32, inciso 1, dice:  “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”

Esta Convención fue firmada por el Estado de Guatemala el año de su creación, y fue ratificada por el mismo, en 1990. Ambas situaciones, hacen de nuestro país un Estado Parte de la misma. En consecuencia, quienes están en la más absoluta obligación de ponerle un alto a esta situación son las personas elegidas para representarnos y administrar los recursos del Estado. Así de simple podría ser este asunto.

Y no solo la Convención.  En Guatemala existe todo un catálogo de leyes que demandan la protección de la niñez.  Solo para mencionar algunas: la Constitución de la República; la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, el Código de Trabajo, y un sin número de políticas públicas municipales a favor de los derechos de la niñez. Todas y cada una de ellas incumplidas y sin una referencia en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. No existe inversión real orientada a los derechos de protección de la niñez, especialmente de la trabajadora.

Infortunadamente, no hay información reciente que visibilice a la niñez y adolescencia trabajadora, por lo que ha quedado sepultada en el olvido.  La última con la que se cuenta es la de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2018) la cual “…estimó que 396 mil 479 personas menores de edad, entre 7 y 14 años, estaban trabajando. La niñez indígena representa el 58 % de esa población”.[1] A pesar de lo importante que es dimensionar este problema para poder resolverlo, en la ENEI del 2019 este dato ni siquiera fue incluido, ya que el 17 de enero del 2019 fue disuelta la a Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil –CONAPETI- y la fiscalización de la niñez trabajadora quedó interrumpida.

Es decir que, en Guatemala,  en donde la niñez no tiene quién por ellos, las familias  no tienen quién por ellas; y, con el recrudecimiento de la pandemia, que tampoco tiene quién por ella, se seguirán viendo niños y niñas en el área rural y en el área urbana tratando de aportar un poco a la sobrevivencia familiar; todos ellos y ellas, formando un ejército  de niñez trabajadora, desprotegida, explotada, sin derecho a educación, a salud y, mucho menos, a expresarse abiertamente y hacer valer su derecho a opinar y participar en las decisiones que les afectan.

En esta lamentable situación llega el 1 de mayo del 2021, Día Internacional de los Trabajadores, en el cual no queda más que seguirse preguntando: ¿será que el país va a continuar haciéndose de la vista gorda, sin hacer absolutamente nada para mejorar las condiciones de la niñez y adolescencia trabajadora del país?, ¿se deberían unificar fuerzas para exigirle al Estado que asuma su responsabilidad como garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que día a día arriesgan su integridad en trabajos, sin seguridad alguna, para apoyar la sobrevivencia familiar?

Es momento hoy de plantearse cómo atravesar ese laberinto al que el país ha sometido a la niñez y a sus familias, del cual no se encuentra aún una salida digna para superar la pobreza, porque si bien es cierto, el trabajo es un derecho, y el mismo debe estar libre de explotación.

FUENTES:

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-dejara-en-guatemala-300-mil-pobres-extremosmas/

https://elpais.com/elpais/2017/06/15/planeta_futuro/1497536856_884868.html

https://www.entremundos.org/revista/politica/accion-comunitaria-3/con-o-sin-covid-19-el-trabajo-infantil-persiste-en-guatemala/

[1]https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/08/20/trabajo-infantil-aumentara-por-la-pandemia-segun-ciprodeni/.