El gobierno de Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Este 23 de mayo, se cumplen 32 años de la ratificación de este tratado, la que implica para el Estado el compromiso de cumplir con lo que en el mismo se establece para la protección integral de la niñez y adolescencia guatemalteca.

Antes de 1990, la situación de la niñez y adolescencia se caracterizaba por un abandono histórico en materia de educación, salud, protección, participación, nutrición, entre otros derechos, por lo que, ese mismo año, aprovechando la aprobación de esta herramienta por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno de turno pensó que otra Guatemala era posible para su niñez, por lo que se convirtió en uno de los primeros 10 Estados en ratificarla y, con ello, comprometerse a su total cumplimiento.

Infortunadamente, 32 años después, la situación de niñas, niños y adolescentes en Guatemala sigue en el abandono.  Sus indicadores sociales así lo demuestran, sobre todo en estos últimos dos años en los cuales el gobierno actual no ha invertido en el cumplimiento de sus derechos, dejando un enorme rezago en el cumplimiento de los derechos de la niñez,  en tanto que los ministerios respectivos no supieron cómo abordar la pandemia, incluso a la fecha.

Durante la pandemia, la falta de clases presenciales no garantizó la calidad educativa, y los indicadores educativos no reflejaron la realidad en cobertura, promoción y deserción. La anterior afirmación se fundamenta en la falta de recursos de las familias para acceder a equipos tecnológicos e internet para la educación a distancia, y en la pobre distribución de las guías educativas que llegaron a destiempo, y las y los docentes no tuvieron la capacidad de darles el seguimiento correspondiente.

En materia de salud, la niñez no fue privilegiada en la atención especializada y específica a su edad en hospitales, en donde no contaron con áreas hospitalarias, personal, medicamentos ni equipo destinado exclusivamente a su edad y condición; tampoco han sido atendidos en vacunación, ya que, a la fecha del presente boletín, solo se había cubierto al 34.81 % de los adolescentes de 12 a 17 años y al 0 % de los niños de 6 a 11 años, con esquema completo.

En materia de nutrición, la desnutrición aguda en la niñez, se disparó en 27 913 casos en el año  2020 y en 22 416 en el 2021, lo que refleja el empobrecimiento de las familias y la falta de inversión en los programas estatales que debían velar por este derecho en la niñez; se agudiza esta situación con el recorte de esa partida presupuestaria y se adjudican sus fondos al programa de COVID-19, que ya contaba con asignaciones y préstamos millonarios y con los cuales no se benefició a la niñez.

En materia de protección, la niñez y adolescencia continuó y continúa movilizándose hacia México y Estados Unidos, y sigue estando expuesta a múltiples violencias que durante la pandemia no cesaron y se siguieron reportando casos de maltrato físico, abuso sexual  (lo  que repercutió en embarazos en niñas y adolescentes).

A 32 años de la ratificación de la Convención, ¿qué otra Guatemala se ha construido?  Esta es una pregunta central para hacernos hoy todos y todas las ciudadanas, en tanto que estamos a las puertas de un nuevo año electoral, en el cual la niñez será nuevamente motivo de fotos e imagen de las y los candidatos para ganar votos, los cuales nunca se han convertido en resultados concretos para garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos.