«La prueba de la moral de una sociedad es lo que hace por sus niñas y niños.» 
Dietrich Bonhoeffer

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –UNFPA- proyecta que para el 2030 el planeta llegará a la cantidad de 8 500 millones de habitantes, por lo cual decidió que el día Mundial de población 2022 sea aprovechado para hacer un llamado a la reflexión y la importancia de reconocer la planificación familiar como derecho humano.

Por lo anterior, en PAMI hemos decidido llamar la atención sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales atiendan con urgencia el gran problema de los embarazos en niñas y adolescentes mujeres, hasta alcanzar un país en el que todos los embarazos sean deseados y la niñez no se vea forzada a vivir situaciones para las que no está preparada ni social ni física ni emocionalmente.

Lo anterior se respalda con la información del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva –OSAR-[i] que reportó el número de nacimientos del 2017 al 2021, producto de embarazos de niñas entre 10 y 14 años y de adolescentes entre 15 y 19, de la siguiente manera: En el 2017 informó de 103 271 nacimientos; en el 2018, de 84 379; en el 2019 se incrementó a 114 858; en el 2020, la cifra alcanzada fue de 90 936 nacimientos; y en el 2021, en plena pandemia, 72 077 nacimientos.

Este tema no ha sido registrado únicamente por el OSAR, sino también por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Lo que no han registrado es la ruta de atención integral para las niñas y las adolescentes embarazadas, producto de uniones o de matrimonios, a pesar de su prohibición legal y de la violencia sexual que muchas de ellas sufren.

Según el Ministerio de Gobernación, del año 2017 al 2021, hubo 1558 violaciones consumadas y no consumadas, la mayoría de menores de edad entre los 12 y 17 años.  El Ministerio Público, para esas mismas fechas, reportó 10 991 delitos sexuales contra niñas y adolescentes; sin embargo, el Organismo Judicial informa de escasas sentencias, de las cuales, solo el 72.6 % fueron condenatorias.[ii]

Las cifras anteriores son el reflejo de un tema ignorado por los garantes de la salud y protección de la niñez, que debe ser atendido inmediatamente.

La primera conclusión es que el número de nacimientos siempre es superior al número de denuncias presentadas y al número de sentencias condenatorias, partiendo de las reformas que se hicieron al Código Penal, en las que se establece que cualquier relación sexual con personas menores de edad, constituyen un delito.

Una segunda conclusión es que, a partir de la visibilidad del fenómeno de los nacimientos producto de las relaciones sexuales, consensuadas o no, con niñas y adolescentes, se evidencia que existen escasos programas y proyectos de prevención de los embarazos, de las violencias sexuales contra las niñas y las adolescentes y que los existentes no cuentan con los recursos humanos, materiales, educativos y presupuestales para lograr su objetivo.

La tercera conclusión es que el Estado de Guatemala pareciera no tener ningún interés por atender la crisis que sufren cada día las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual por parte de cercanos y lejanos, que dan como consecuencia embarazos no deseados, lo que les niega el cumplimiento de otros derechos humanos como la educación y la salud, y la oportunidad de desarrollarse como mujeres adultas con la posibilidad y el derecho de elegir o no la maternidad como una opción de vida.

[i]https://osarguatemala.org/ninas-embarazadas-violencia-sexual/

[ii] Información recabada de sus unidades de información pública.