Haciendo eco a lo que establece en su plan estratégico institucional, la Misión de PAMI ha sido, “Acompañar la formación y ejercicio ciudadano de la niñez, adolescencia y juventud –NAJ- en la transformación de su realidad para una vida digna”, razón por la cual siempre ha estado vinculado con el cumplimiento de esos derechos.
Durante los últimos 2 años, PAMI se ha preocupado especialmente por exigir y promover que el Estado de Guatemala dé cumplimiento al Derecho a la Educación, sobre todo por las grandes falencias que siempre han existido y que se han visto agudizadas debido a la crisis sanitaria, como resultados del COVID- 19 que ha azotado al planeta entero.
Esta situación ha sido documentada en diferentes consultas hechas a niños, niñas, padres, madres y maestras, socializadas en su oportunidad, así como en documentos producto de investigaciones realizadas por el personal técnico y profesional especializado en el tema, y de personas preocupadas por el bienestar de la niñez, los cuales pueden ser encontrados y consultados en el sitio de esta asociación.[1]
Entre los documentos e investigaciones vinculadas con los eventos arriba mencionados, se destacan los siguientes:
- En agosto de 2020, PAMI realizó un sondeo consultando a 92 niños, niñas y adolescentes de 14 municipios del país, con la intención de contribuir a la reflexión a través de las percepciones, emociones y condiciones vividas por ellos y ellas durante la cuarentena, para que sean tomadas en cuenta, por garantes y cogarantes, con el fin de promover el cumplimiento de sus derechos humanos, especialmente su derecho a la educación.
- En agosto del 2021,PAMI tomó parte en el Círculo Centroamericano de Aprendizaje sobre Derechos de la Niñez y Desarrollo Local en el contexto del 2º Seminario Virtual “Impacto de la pandemia sobre el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria en el ámbito local de Centroamérica y propuestas para la incidencia y la acción”, en el que participaron 253 personas, representantes de organizaciones e instituciones de 6 países centroamericanos, que propusieron líneas de acción para mejorar el ejercicio del derecho a la educación y la calidad de la misma.
- Finalmente, en el año 2022,PAMI también elaboró y presentó, junto a otras organizaciones, el informe sobre el cumplimiento de los Derechos de la Niñez en Guatemala, en el contexto de COVID-19, y en el marco del 4º ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, con el propósito de dar respuestas urgentes a la crisis de derechos humanos ocasionada por la pandemia y postpandemia y en el cual también se documentaron brechas, no únicamente en materia de salud, sino también en materia educativa.
Destacamos lo anterior, porque vemos con preocupación que ya desde el 2022, el MINEDUC viene anunciando que este año las clases serán totalmente presenciales y que el uso de la mascarilla será discrecional en todos los establecimientos, tanto para alumnos y alumnas como para el personal docente y administrativo.
Resulta interesante también destacar que “Durante los años de pandemia, los establecimientos privados experimentaron una baja en su matrícula estudiantil. Alrededor de 86 mil estudiantes habrían migrado al sector público.”[2]; esto supondría que, para este año, que las escuelas públicas podrían tener una mayor cantidad de alumnos y alumnas, lo que significa un enorme desafío para evitar el contagio, a partir de que las medidas de seguridad ya no serán estrictas, lo que pone a la niñez y a la adolescencia en grave riesgo de contagio y a sus familias también.
Adicional a lo anterior, algunas de las preguntas que surgen ante el inminente regreso a clases para el presente ciclo escolar, son: ¿cómo podemos velar por el derecho a la educación cuando todavía estamos viviendo la pandemia? ¿Está a salvo la comunidad educativa de contagios masivos debido a la falta de vacunación de la niñez?
Según el criterio médico, la vacuna es el escudo más eficaz para evitar complicaciones, especialmente en las personas más vulnerables; sin embargo, en Guatemala, como afirma la CEPAL, “… la población infantil es la menos cubierta con la vacuna contra el virus. El reporte oficial indica que el 39.4 % de los niños entre 6 y 11 años, de los 2.2 millones que se tiene previsto vacunar, ha sido alcanzada con una dosis…”; y de ellos, “… únicamente el 18.2 % tiene las dos inyecciones que se requieren. Actualmente, falta un millón 801 mil menores por completar el esquema para la población que por su edad cursará la primaria, 275 mil de estos, aproximadamente, son niños y niñas que estarán inscritos en el sector privados y municipal, que volvieron a clases a principios de enero de este año.”[3]
Estamos conscientes de que el regreso a las clases presenciales es necesario por lo que representa para la niñez: interacción social, motivación, contribución a la salud mental y estabilidad espiritual; e igualmente sabemos que es inevitable en tanto las nuevas directrices gubernamentales; pero, ¿cómo lograrlo sin las medidas de bioseguridad y de saneamiento ambiental en los establecimientos públicos?, ¿cómo garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, sin la cobertura amplia en vacunación que les proteja contra el COVID-19?, ¿cómo volver a clases cuando, debido a la pandemia, existe un rezago de 2 a 3 años en la calidad educativa?, ¿existe un planteamiento serio por parte de las autoridades educativas y de salud para subsanar estas deficiencias? Es un hecho que “… con la pandemia, después de dos años de una educación a distancia, los rezagos y las pérdidas de aprendizaje se han incrementado y, aunque no se tradujeron necesariamente en repitencia por la eliminación de requisitos tales como aprobar con 60 puntos o más, este rezago de aprendizajes será seguramente un gran obstáculo para el progreso educativo de la niñez, adolescencia y juventud.”[4]
Algunas son preguntas sin respuesta; pero otras deberán responderse en el transcurso del año, cuando a mediados de octubre se vean los resultados finales de las evaluaciones. Ojalá, en esta oportunidad, la niñez y la adolescencia no sea presa de la improvisación de los dos ministerios o garantes más involucrados con su educación y salud.
Esperamos que no sean nuevamente las niñas, niños y adolescentes quienes tengan que sufrir por los malos manejos de la institucionalidad estatal, ya que a pesar de haberse comprometido con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, con la puesta en vigor de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y de un buen marco legal de protección, ellos y ellas siguen siendo uno de los sectores más olvidados y castigados. Esperamos también que la clase política que aspira a gobernar el país durante los próximos 4 años les incluyan en sus programas de gobierno y en sus presupuestos, y no solo les utilicen como una plataforma de rápido ascenso para lograr sus objetivos y, finalmente, hacer lo que los políticos siempre hacen: “… prometen construir un puente aunque no haya río.” (Nikita Jruschov)
[2] https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/ciclo-escolar-2023-sin-burbujas-ni-mascarilla-los-desafios-de-volver-a-la-presencialidad-para-colegios-y-escuelas/
[3]https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48360//S2200956_es.pdf
