El pasado 21 de mayo se realizó la entrega oficial, en un acto público ante el Concejo Municipal e integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo, de la Política Pública Municipal con enfoque de Derechos de la Niñez y Adolescencia del municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, para un período de 5 años.
En este evento se tuvo la representatividad de instancias de sociedad civil y de gobierno que tienen presencia en lo local, así como de integrantes de COCODES de segundo nivel de 9 microrregiones de 84 comunidades.
Durante la entrega se realizó una breve presentación del proceso de formulación y se explicó que la política pública –PP- contiene cuatro ejes: educación, salud, protección y participación. Al respecto, conviene decir que entre los principales proyectos que la componen sobresalen los siguientes: cobertura, calidad educativa, programas de apoyo, nutrición, prevención de embarazos, atención a la morbilidad y mortalidad de la niñez, seguridad escolar, prevención de las violencias, acceso a la justicia y fortalecimiento de la organización a través del impulso de gobiernos escolares.
Se agregó que la PP tiene un presupuesto de Q3.4 millones de quetzales y, aunque la misma se planificó originalmente para los años 2022 – 2026, fue hasta finales del año 2023 que se aprobó en el pleno del Concejo. Sin embargo, se explicó que se han estado ejecutando las acciones y proyectos a través del Plan de la Oficina de la Niñez.
Por último, una de las maestras involucradas en el proceso, comentó que la PP es una herramienta importante para generar oportunidades y propuso a las autoridades presentes que no la engaveten porque puede ser un apoyo para la niñez y adolescencia del municipio.
Luego de la entrega el Concejal I, en representación del alcalde, comentó que este instrumento constituye una herramienta de trabajo de la Municipalidad y de todas las instituciones presentes y se espera realizar un trabajo conjunto para que se haga realidad este sueño hecho Política Pública.
El apoyo metodológico, técnico, logístico y financiamiento fue proporcionado por el proyecto Más Derechos Menos Discriminación, de PAMI.
