Guatemala, octubre de 2025. Actores en academia, sociedad civil e incluso del sector público coinciden en que ha existido falta de interés en mejorar la inversión en niñez y adolescencia (NA) migrante, lo cual se ve reflejado en el presupuesto nacional que no asigna un rubro específico dentro de la estructura para su atención y protección, a pesar de ser un grupo vulnerable respaldado por la normativa nacional y compromisos internacionales. El objetivo del estudio fue analizar y comparar la inversión pública para la atención de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes durante el período 2022-2024, para identificar tendencias, desafíos, buenas prácticas y factores que inciden en la asignación y gestión presupuestaria, con el fin de contribuir a promover una mejor y mayor inversión de recursos en favor de la NA migrante.
Estos son algunos de los principales hallazgos del sondeo periodístico impulsado por el Programa de Atención, Movilización e Incidencia para la Niñez y Adolescencia (PAMI), en el marco del Proyecto Fortalecimiento de los Sistemas de Protección y Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia Migrante en Guatemala y Honduras que este implementa:
- No existe asignación presupuestaria específica para atención y protección de niñez y adolescencia migrante. Se identificaron cinco instituciones con actividades dentro de su estructura programática de presupuesto para la atención de personas migrantes de manera general sin detallar rangos etarios puntuales, siendo estas CONAMIGUA, IGM, MINEX, MP y SBS. Por otro lado, cuatro instituciones cuentan con actividades para atención y protección de niñez y adolescencia de manera general, MIDES, PDH, PGN y SBS. De estas instituciones únicamente SBS establece una actividad específica para atención temporal niñez y adolescencia migrante no acompañada.
- Tendencia a incrementar disponibilidad presupuestaria para ejecución anual pero con deducciones a lo largo del año. Se observó un incremento en la asignación presupuestaria a programas dedicados al servicio de personas migrantes, niñez y adolescencia. En 2024 la asignación al inicio del año fiscal reflejó un incremento del 32.60 % respecto al 2022, que fue del 40.31 %. La Procuraduría de los Derechos Humanos fue la institución con mayor incremento (175 %), seguido de CONAMIGUA (156 %) y el Ministerio Público (79 %). Sin embargo, la SBS registró un decremento del 12 % en el presupuesto disponible, a pesar de ser la única institución que tiene una actividad específica de atención a NNA migrantes.
- Ejecución no es proporcional al incremento en presupuesto. Aunque hay una tendencia al incremento de presupuesto para el desarrollo de programas y actividades dirigidas a la atención y protección de niñez, adolescencia y migrantes, la ejecución presupuestaria refleja que las instituciones no están aprovechando la totalidad de sus recursos disponibles, como CONAMIGUA, IGM, MP y especialmente PDH que en 2024 reportó una ejecución del 51.74 %, el más bajo entre 2022 y 2024; las instituciones centralizadas mantuvieron una ejecución superior al 95 % del presupuesto; y en el caso de SBS podría deberse al decremento consistente registrado en su presupuesto cada año.
- El principal gasto de las instituciones es en personal.De 2022 a 2024 cinco de las ocho instituciones ejecutaron presupuesto de actividades dirigidas a este grupo poblacional principalmente a sueldos y honorarios. Las tres instituciones con mayor recurso financiero ejecutado en personal es la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Guatemalteco de Migración y CONAMIGUA.
- La principal fuente de financiamiento son ingresos corrientes. El 65.92 % de los programas y actividades orientados a la atención de niñez, adolescencia y personas migrantes fueron financiados entre 2022 y 2024 por ingresos corrientes, es decir con origen de recaudación tributaria. Ninguna institución de las antes mencionadas registró donaciones externas que tienen su origen en donaciones monetarias o en especie monetizables provenientes de países u organismos internacionales.
Este sondeo periodístico constituye un aporte que ofrece recomendaciones para que se genere el diálogo y el intercambio entre la institucionalidad y los actores clave directamente involucrados, con el firme propósito que trascienda a acciones concretas en favor del Interés Superior de la Niñez en contexto de movilidad humana.
